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Nota del abogado Cristiano Zanin Martins

 

  1. Atentado a la abogacía y represalia. La iniciativa del Sr. Marcelo Bretas de autorizar la invasión de mi casa y de mi bufete de abogacía por solicitud de la Lava Jato solamente puede ser entendida como otro claro intento de intimidación del Estado brasileño por mi trabajo como abogado, que hace tiempo está exponiendo las fisuras en el Sistema de Justicia y del Estado Democrático de Derecho.

    Es público y notorio que mi actuación en la abogacía desenmascaró las arbitrariedades practicadas por la Lava Jato, las relaciones espurias de sus miembros con entidades públicas y privadas y sobre todo con autoridades extranjeras. Desenmascaró el lawfare y sus tácticas, como está expuesto en procesos relevantes que están en la inminencia de ser juzgados por Tribunales Superiores del país y por el Comité de Derechos Humano de la ONU.

El juez Marcelo Bretas está notoriamente vinculado al presidente Jair Bolsonaro y su decisión en el caso concreto está vinculada al trabajo desarrollado en favor de un delator asistido por abogados relacionados al Senador Flavio Bolsonaro. La situación habla por si sola.

2. Comprobación de los servicios. De acuerdo con el laudo elaborado en el 2018 por auditores independientes, todos los servicios prestados a Fecomercio/RJ por mi bufete entre el 2011 y el 2018 están debidamente documentados en un sistema auditable e involucraron a 77 (setenta y siete) profesionales y consumieron 12.474 (doce mil, cuatrocientas setenta y cuatro) horas de trabajo. Cerca de 1.400 (mil cuatrocientas) peticiones están archivadas en nuestro sistema. Además de esto, en el 2018, por solicitud de Fecomercio-RJ, entregamos una copia de todo el material producido por nuestro bufete en la defensa de la entidad, comprobando la efectiva realización de los servicios que fueron contratados. Los pagos, además, fueron procesados internamente por Fecomercio/RJ por medio de sus órganos de administración y fiscalización y fueron todos aprobados en Asambleas de la entidad — con el voto de los asociados.

3. Naturaleza de los servicios prestados. Nuestro bufete, con 50 años y actuación reconocida en el mercado, fue contratado a partir del 2012 para prestarle servicios jurídicos a la Federación del Comercio de Río de Janeiro (Fecomercio-RJ), que es una entidad privada que representa a los miles de empresarios y comerciantes de aquel Estado. La actuación del bufete en favor de Fecomercio/RJ y también de entidades gestionadas por ella de acuerdo con la ley —Sesc-RJ y Senac-RJ —, puede ser constatada en diversas acciones judiciales que tramitaron ante el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, del Tribunal Superior de Justicia, del Supremo Tribunal Federal, y también en procedimientos que tramitan en el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro y ante otros órganos internos y externos a la entidad. En todos los órganos judiciales hubo actuación personal y diligente de nuestro bufete.

La actuación de nuestro bufete ocurrió en un litigio de grandes proporciones, clasificado como una “guerra jurídica” por algunos medios de prensa en esa época, entre Fecomercio/RJ y la Confederación Nacional del Comercio (CNC), dos entidades privadas y congéneres de representación de empresarios y comerciantes. Cada una de ellas contrató diversos bufetes de abogacía para actuar en los más diversos frentes en que el litigio se desarrolló.

4. Abuso de autoridad. Además del carácter despropositado e ilegal de autorizar la invasión de un bufete de abogacía y de la casa de un abogado con más de 20 años de profesión y que cumple todos sus deberes profesionales, esta decisión posee claros trazos de abuso de autoridad, pues: (a) su relator, el Sr. Marcelo Bretas, es juez federal y ni siquiera tiene competencia para tratar de pagos realizados por una entidad privada, como lo es Fecomercio/RJ, e incluso de entidades del Sistema S administrados por ella de acuerdo con la ley; la materia es de competencia de la Justicia Estatal, conforme la jurisprudencia pacífica de los Tribunales, incluso del Tribunal Superior de Justicia; (b) fue efectuada con el mismo espectáculo impropio a cualquier decisión judicial de esta naturaleza, como estoy denunciando a lo largo de mi actuación profesional, sobre todo en el ámbito de la Operación Lava Jato; (c) fue proferida y cumplida después de graves denuncias que hice en el ejercicio de mi actuación profesional sobre la actuación de miembros de la Operación Lava Jato y ante la inminencia de que el Supremo Tribunal Federal realice algunos de los más relevantes enjuiciamientos, con impacto en la vida jurídica y política del país. Además, escapa de cualquier lógica jurídica la realización de un allanamiento después del recibimiento de una denuncia — lo que muestra la ausencia de cualquier materialidad de la acusación hecha en aquella pieza.

Este abuso de autoridad, por cierto, no es inédito. La Lava Jato, en el 2016, intentó transformar los honorarios de abogados que nuestro bufete recibió de Odebrecht, por haber vencido una acción contra la empresa, en valores sospechosos — y tuvo que admitir el error posteriormente. Ese mismo año, la Lava Jato autorizó la interceptación de la principal extensión telefónica de nuestro bufete para oír conversaciones entre los abogados de nuestro bufete y las conversaciones que yo mantenía con el expresidente Lula en la condición de ser su abogado, en grave atentado a las prerrogativas profesionales y al derecho de defensa. Si esto no bastase, en el 2018 la Lava Jato divulgó valores que nuestro bufete había recibido a título de honorarios como consecuencia de la prestación de servicios de abogados.

Todas las circunstancias aquí expuestas serán llevadas a los fórums nacionales e internacionales adecuados para que los involucrados sean condenados y para que sea reparada la violación a mi reputación y a la reputación de mi bufete, nuevamente atacadas por personas que cooptaron el poder del Estado para fines ilegítimos, en clara práctica de lawfare — fenómeno nefasto y que corroyó la democracia en Brasil y la está corroyendo en otros países.

San Pablo, 9 de septiembre de 2020

Cristiano Zanin Martins

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